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  1. Derecho de Familia

¿Qué hacer cuando el otro progenitor no quiere pagar las actividades extra escolares o los gastos extraordinarios de nuestros hijos?

En muchas ocasiones, cuando se dicta la Sentencia no se establece que el hijo pueda realizar actividades extraescolares.

El tiempo pasa y llega el momento en el que nuestro hijo quiere hacer alguna actividad extraescolar, deportiva, lúdica o de idiomas o hay que realizar algún gasto extraordinario. ¿Cómo has de plantearle legalmente a tu expareja para que esté obligada a pagar esta actividad o gasto extraordinario?:

En primer lugar deberás notificar al otro progenitor la actividad o el gasto extraordinario que propones que realice el hijo común, y el coste del mismo, de manera que quede constancia (mediante burofax o mediante correo electrónico con certificación de entrega, por ejemplo).

Si es una actividad extraescolar le deberás proponer qué porcentaje de participación en el gasto quieres que asuma.

Si se trata de un gasto extraordinario, normalmente la sentencia ya habrá dispuesto qué porcentaje de este gasto le corresponde pagar a tu expareja.

Y, si transcurre el plazo de 30 días desde esta notificación y no ha procedido a plantear el desacuerdo con lo que le propones, se entiende que ha dado su consentimiento tácitamente.

Si más adelante el progenitor no se hace cargo del pago del porcentaje que le corresponde, podrás reclamarle judicialmente el pago del mismo.

Podemos acompañarte en este proceso, o ayudarte a reclamar judicialmente para que los intereses de tu hijo no se vean afectados. Llámanos al tel. 93 000 38 48 y te ayudaremos.

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  1. Derecho Colaborativo

El Derecho Colaborativo es un nuevo método de resolución alternativa de conflictos de reciente implantación en Cataluña.

¿En qué consiste el Derecho Colaborativo?

Es un método en el que las Partes en conflicto, junto con sus respectivos Abogados, se comprometen, a través de una negociación en equipo y de forma privada y extrajudicial, a colaborar para buscar soluciones a su problemática legal que respeten el interés de cada uno, pactándose, desde un inicio, que si tras el Proceso Colaborativo no llegaran a un acuerdo, los Abogados intervinientes no podrán asesorar ni defender a sus clientes en un futuro proceso judicial.

¿Qué novedades y ventajas aporta el Derecho y la Práctica Colaborativa en relación a otras fórmulas y métodos de resolución de conflictos convencionales?

Se trata de un proceso en el que las partes son las verdaderas protagonistas en la búsqueda de soluciones para su conflicto, lo que supone la esencia y la distinción del proceso colaborativo en relación a otras formas de resolución de conflictos.

En el Proceso Colaborativo, en primer lugar, se han de estudiar las necesidades y los intereses que puedan tener las partes, para más tarde buscar las soluciones que les sean más adecuadas y satisfactorias.

¿Cuáles son las bases, las premisas y los valores en el Proceso Colaborativo?

Las Partes se comprometen a actuar con transparencia en el intercambio de datos e información necesaria para buscar soluciones. Asimismo se han de comprometer a respetar la confidencialidad del proceso y a actuar con equidad y buena fe.

La trasparencia, la confidencialidad, la equidad y la buena fe son las premisas necesarias para crear un clima de confianza donde las partes puedan sentarse a negociar. Con estas premisas se establecen las bases para negociar en equipo entre los abogados y los clientes, lo que facilita el marco adecuado para buscar soluciones creativas que propiciarán alcanzar acuerdos donde se prime el interés de las partes.

¿Cuál es el papel del Abogado el Proceso Colaborativo?

La función del Abogado será la de dirigir y asesorar a su Cliente en este Proceso Colaborativo.

Los Abogados que actúen en los Procesos Colaborativos deberán contar con la formación profesional y la preparación específica para actuar en estos procesos que implican, además de los necesarios conocimientos jurídicos, formación especializada en técnicas y recursos para dirigir de forma adecuada esta especial forma de Negociación.

Los Abogados que ejerzan el Derecho Colaborativo deben regirse por las mismas normas deontológicas, para garantizar que sea una negociación que respete los valores que caracterizan el Derecho Colaborativo.

Los Abogados que participan en prácticas colaborativas están más involucrados en la búsqueda de soluciones al conflicto.

Además de los Abogados de las partes, ¿Pueden intervenir otros profesionales en el Proceso Colaborativo?

Atendiendo las necesidades de las partes, es conveniente contar con un equipo multidisciplinar que pueda aportar y/o ayudar a solucionar aspectos técnicos del conflicto, o, a dar respuesta a cuestiones que puedan plantearse. Así, puede solicitarse la colaboración de peritos, economistas, psicólogos, mediadores…

Derecho Colaborativo en el ámbito del Derecho de Familia: 

Atendiendo a que en los procesos de familia se ha de tener en cuenta, además de los problemas legales, la gestión de las emociones y las relaciones personales entre las partes, el Derecho y la Práctica Colaborativa puede ser un método adecuado para dar solución al conflicto entre las partes.

¿Es aconsejable en todos los supuestos del ámbito de familiar acudir al Derecho Colaborativo como método para resolución de los conflictos?

Se ha de valorar si este método es la forma de solución más apropiada para los intereses de la Parte a la que se va a representar. No en todos los casos será lo más adecuado la utilización de la práctica colaborativa, debiéndose valorar si las Partes que deben sentarse a negociar comparten los valores del Derecho Colaborativo.

¿De dónde surge el Derecho Colaborativo?

El Derecho Colaborativo se inició en los años 90 en EE.UU. España también se ha hecho eco de este método de solución alternativa de conflictos. Fueron los pioneros en el País Vasco, donde, en 2013, se creó la primera Asociación de Derecho Colaborativo. Posteriormente se crearon las de Madrid y, con el impulso y apoyo de la Generalitat, se acaba de crear en Cataluña la ACDC (Asociación Catalana de Derecho Colaborativo).

¿Cuál es la diferencia entre un Proceso de Mediación y el Derecho Colaborativo?

La principal diferencia es que en el Proceso de Mediación, el Mediador, es un profesional neutral, y el proceso se centra en la resolución del conflicto. En el Proceso Colaborativo los Abogados que intervienen no son neutrales, representan a las respectivas partes, y el proceso se centra en la búsqueda de un acuerdo sostenible.

El compromiso con nuestros clientes para aportarles y ofrecerles las fórmulas más adecuadas para dar solución a su problemática particular hacen que, en Abogadas Mateo Ferrús, apostemos por los métodos y sistemas alternativos para la resolución de conflictos, como la Mediación y el Derecho Colaborativo.

 

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  1. Derecho de Familia
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¿A quién se asigna el uso del domicilio familiar en caso de separación o divorcio, y cuándo finaliza este uso?

Esta es una de las preguntas más frecuentes que realizan a nuestros Abogados Matrimonialistas.

Normalmente el uso de la vivienda familiar es asignado por la autoridad judicial preferentemente al progenitor al que le corresponde la guarda de los hijos menores de edad.

Pero la ley prevé excepciones que se han de tener en cuenta. Así, la autoridad judicial puede asignar el uso a uno de los cónyuges cuando considere que éste es el más necesitado en los siguientes casos:

a) Aunque se haya fijado la guarda compartida de los hijos.

b) Cuando los cónyuges no tengan hijos o sean éstos mayores de edad.

c) También puede asignar el uso cuando haya establecido la guarda de los hijos menores de edad pero sea previsible que el cónyuge necesite del uso de la vivienda después de que los hijos alcancen la mayoría de edad.

Por último, y de forma excepcional, el Juez puede asignar el uso al cónyuge que considere más necesitado, aunque existan hijos menores y no tenga la guarda individual de los mismos, siempre que el otro cónyuge al que sí se le ha asignado la guarda de los niños cuente con medios suficientes para que pueda hacer frente al pago de una vivienda para sí y los hijos.

En estos casos excepcionales que acabamos de mencionar el Juez deberá establecer el uso del domicilio de forma temporal.

Y, ¿se puede pedir la extinción del derecho de uso temporal al cónyuge más necesitado por algún motivo?

La ley establece que pueda solicitarse la extinción si concurre alguna de las siguientes causas:

  1. Cuando mejora la situación económica del beneficiario del uso o cuando empeora la situación del otro cónyuge, si esto lo justifica.
  2. Cuando el beneficiario del uso contrae matrimonio o convive maritalmente con otra persona.
  3. Cuando fallece el beneficiario.
  4. Cuando se acaba el plazo establecido o sus posibles prórrogas.

¿Y qué pasa cuando finaliza el uso temporal atribuido por el Juez?

El cónyuge titular puede recuperar la posesión una vez finalizado el plazo.

¿Y si la parte que ha sido beneficiaria del uso se niega a entregar la posesión?

La ley prevé que se pueda solicitar la ejecución de la sentencia que establecía ese uso temporal.

Es conveniente que solicites asesoramiento especializado en caso de tener dudas sobre cuándo se puede atribuir o extinguir el uso del domicilio familiar en caso de separación o divorcio. En Mateo Ferrús Abogadas podemos ayudarte. Llámanos al 93 000 38 48 o rellena el formulario y nos pondremos en contacto en breve.

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  1. Derecho de Familia

Pregunta: Separación o Divorcio

¿Cuál es la diferencia entre la separación o el divorcio?

La principal diferencia, a nivel legal, entre la separación y el divorcio es que con la separación el vínculo matrimonial no queda disuelto y por tanto las personas separadas no pueden contraer un nuevo matrimonio.

Para que el vínculo quede definitivamente disuelto los cónyuges tienen que divorciarse.

Aunque los requisitos legales para separarse o divorciarse son los mismos, muchas veces interesa acceder a la separación en lugar de hacerlo directamente al divorcio, según nuestros abogados matrimonialistas.

¿Cuándo es mejor separarse que divorciarse?

Cuando ambos cónyuges duden emocionalmente, quizá la solución sería pasar por un proceso previo de separación judicial. Si con el tiempo deciden que quieren volver a reconciliarse y convivir de nuevo, lo único que tendrán que hacer es acudir al Juzgado donde se tramitó su separación legal. En este Juzgado y, mediante una comparecencia personal, manifestarán ambos su deseo de reconciliación y que se deje sin efecto la separación en su día acordada. Con este sencillo trámite, el Juzgado remitirá una comunicación al Registro Civil donde nuevamente se hará constar que los cónyuges se ha reconciliado.

Con la reconciliación debidamente comunicada al Juzgado quedan sin efecto todas las medidas que se acordaron el proceso previo de separación. Es conveniente que, si los cónyuges separados se reconcilian, lo hagan constar en el Juzgado para que ello tenga eficacia frente a terceros. Así por ejemplo, frente a la Seguridad Social a efectos de otorgar el derecho de viudedad.

Al tomar la decisión de separarse o divorciarse los cónyuges tendrán que valorar también las consecuencias patrimoniales que conlleva una u otra decisión. Por ejemplo tendrán que pensar que si se separan legalmente, y finalmente no existe reconciliación, deberán tramitar un nuevo proceso para que se decrete el divorcio. Y en ese nuevo proceso de divorcio podrían revisarse de nuevo las medidas derivadas de todo proceso divorcio (custodia de hijos, pensiones de alimentos, uso domicilio etc…).

Hay otras posibles consecuencias patrimoniales y/o ventajas fiscales derivadas la separación o el divorcio. Por todo ello es conveniente que antes de tomar una decisión se asesore, exponiendo al profesional especialista cuál es su situación concreta para que le informe debidamente y pueda usted valorar en todos los ámbitos, la conveniencia de separarse o divorciarse.

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  1. Derecho Sucesorio

La legítima es el derecho que la ley otorga a los descendientes (o ascendientes en caso de no haber tenido hijos) a recibir una parte de la herencia de sus progenitores a su fallecimiento.

El derecho a la legítima no es igual en todas las Comunidades y habrá que ver cuál es la ley aplicable a la herencia para cuantificar la legítima y el modo de pago de la misma, que difiere en función de la ley que apliquemos. En el presente artículo me referiré a los derechos legitimarios que se contemplan en el Código Civil de Cataluña y a las dudas que frecuentemente me plantean sobre estos derechos.

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que hacen a nuestros Abogados de Herencia en Barcelona.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la legítima?

Serán legitimarios todos los hijos del causante por partes iguales. Si alguno de los hijos hubiera muerto antes que el causante, podrán heredar los hijos que éste pueda tener.

Si el causante no tuviera descendientes serán legitimarios sus progenitores a partes iguales.

¿Cuándo nace el derecho a reclamar la legítima?

Nacerá en el momento en el que fallece el causante. Antes de ese momento no puede embargarse la herencia por deudas de los posibles legitimarios.

¿A quién se debe reclamar la legítima?

El heredero o los herederos serán quienes responden personalmente del pago de la legítima y a quienes deberás reclamar tus derechos legitimarios.

¿Cuál es la cuantía de la legítima y cómo se calcula?

La cuantía de la legítima es la cuarta parte que resulta de aplicar una serie de reglas. Se parte del valor que tienen los bienes en el momento de la muerte del causante. A este importe habrá que restarle todas las deudas que puedan haber así como los gastos de última enfermedad y entierro.

Al importe que quede se tendrán que sumar los bienes que el causante haya dado o vendido a título gratuito durante los 10 años anteriores a su muerte. Dice la ley que el valor de los bienes que hayan sido objeto de donación imputable a la legítima deberán computarse sea cual sea la fecha de la donación.

¿Cómo me han de pagar la legítima?

El heredero, o las personas facultadas para el pago de las legítimas pueden optar entre pagar en dinero o en bienes que existan en la herencia. Si se paga en bienes, estos se valorarán en el momento en el que el heredero decide pagar en bienes y lo notifica al legitimario.

¿Qué puedo hacer si no me pagan mis derechos legitimarios?

Puedes reclamarlos judicialmente. Si el heredero, que es el obligado al pago, no lo hace, podrás reclamar, además del valor de la legítima, los intereses legales desde la muerte del causante, con la excepción de que en el testamento el causante haya dejado dicho que la legítima no devengará intereses.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mis derechos legitimarios?

La ley otorga el plazo de 10 años para poder reclamar la legítima contados desde la fecha de fallecimiento del causante.

 

Si crees que estás en posición de reclamar una legítima, ponte en contacto con nosotros y nos encargamos de todo para hacértelo más fácil y evitarte conflictos familiares.

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  2. Mediación
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En todo Convenio Regulador la ley, en concreto el Código Civil de Cataluña, exige que se acuerden una serie de medidas que dependerán de la existencia o no de hijos de común.

La labor del Abogado especialista en derecho matrimonial consiste en asesorarte en la negociación y redacción del Convenio Regulador de Divorcio, separación o ruptura de pareja de hecho que mejor se va a adaptar a tus circunstancias personales. Para ello deberá estudiar, conjuntamente contigo, cuál es vuestra realidad familiar, laboral y patrimonial, para poder elaborar una propuesta de convenio regulador que de respuestas a vuestras circunstancias concretas y poder trasladarlo a la otra parte. Esta personalización siempre va a facilitar la consecución de acuerdos.

¿Todas las familias son iguales ante un divorcio?

Es indispensable estudiar vuestra realidad familiar porque el Convenio Regulador es el marco que sienta las bases para reconstruir las nuevas relaciones personales, económicas y patrimoniales derivadas del divorcio.

Lo primero que se ha de tener en cuenta, si tenéis hijos en común, es qué régimen de custodia se va a establecer, si custodia individual o custodia compartida para, en función de ello, poder formular un Plan de Parentalidad donde se deberá detallar de que tareas se va a ocupar cada uno de los progenitores en el cuidado diario de los hijos, y como se hará el reparto de las estancias de los hijos con progenitores. Se podrá fijar un régimen de relaciones personales con los abuelos y con los hermanos que no convivan en el mismo domicilio.

En el Convenio se determinará la forma de contribución de los progenitores a los gastos de los hijos, contribución que dependerá tanto de los actuales gastos de los hijos, como de la capacidad económica de los progenitores, como del tipo de custodia individual o compartida que se establezca.

En función del tipo de guarda o custodia se podrá decidir qué se hace con el domicilio familiar. Si el mismo es propiedad o copropiedad de uno o ambos cónyuges, se puede pactar un atribución temporal del uso de la vivienda a uno de los progenitores. Esta atribución, si la propiedad de la vivienda familiar es de ambos cónyuges, se tendrá en cuenta como una contribución en especie al pago de los alimentos de los hijos o, en su caso, como pago de la pensión compensatoria de uno de los cónyuges o convivientes de la pareja de hecho.

En el Convenio Regulador se tiene que fijar si procede o no establecer a favor de uno de los cónyuges o convivientes de la pareja de hecho las pensiones a las que se refiere el Código Civil de Cataluña: la pensión compensatoria (que se fijará si a consecuencia de la separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho) da un desequilibrio económico a favor de uno de los cónyuges o convivientes), o una compensación económica por razón de trabajo (que podrá establecerse si existe un desequilibrio patrimonial que se haya generado durante el matrimonio o la unión de hecho y se dan el resto de circunstancias que establece la ley).

Ventajas Fiscales:

Es importante saber que en el proceso de divorcio o ruptura de pareja de hecho se puede disolver el régimen económico matrimonial, y/o liquidar el patrimonio común y aprovechar las exenciones fiscales que la ley concede, tanto si el régimen es el de separación de bienes, o una sociedad de gananciales o se trata del patrimonio en común de una unión de pareja estable. Por ejemplo si uno de los progenitores se quiere quedar la parte de vivienda del otro cónyuge o pareja y la adjudicación de la propiedad la hacemos en el procedimiento de divorcio o ruptura no se pagarán, ni el impuesto de transmisiones patrimoniales, ni el impuesto de plusvalía municipal, ni escrituras notariales.

Es muy importante que recibas un excelente asesoramiento para negociar tu convenio. En Mateo Ferrús Abogadas podemos ayudarte. Llámanos al 93 000 38 48 o rellena el formulario y nos pondremos en contacto en breve.

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En ocasiones el progenitor obligado al pago de una pensión de alimentos ve como sus ingresos se reducen sustancialmente. Hasta el punto que se le hace muy difícil seguir pagando la pensión de alimentos que en su día pactó en el Convenio o la que le impuso el Juez en la sentencia.

La ley prevé la posibilidad de pedir una modificación de las medidas de la sentencia si se produce una alteración sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día. En este caso, si tu capacidad económica actual, en comparación con la que tenías a la fecha de la separación, divorcio o ruptura, disminuye de forma significativa hasta el punto que te impide pagar, parcial o totalmente, la pensión de alimentos fijada en su día, podrás solicitar que se modifique este pronunciamiento de la Sentencia.

Consejo de nuestro experto abogado matrimonialista

El consejo es hacerlo cuanto antes si no tienes previsto que tu situación económica mejore a corto plazo. Porque, mientras no se dicte otra nueva sentencia que reduzca o extinga la pensión de alimentos, estarás obligado a seguir pagando la pensión de tus hijos. Y si no lo haces, aunque no puedas hacerlo por imposibilidad económica, cada mes se generará un atraso que, más tarde o más temprano, tendrás que pagar.

Hay recursos legales para intentar paralizar el devengo mensual de esta pensión mientras no puedes pagarla pero tienes que utilizarlos. Si no ejerces los derechos que la ley te da para modificar la sentencia, esta dejación en el ejercicio de tus derechos te puede perjudicar. Más tarde no podrás alegar ante el Juez que no has pagado la pensión porque no tenías capacidad económica para hacerlo porque la respuesta judicial será que tendrías que haber solicitado judicialmente la reducción de la pensión.

Decíamos, que hay posibilidades legales para intentar paralizar que se vayan generando atrasos por pensiones de alimentos impagadas. Por ejemplo, podrías iniciar un proceso de Mediación con la finalidad de negociar la reducción o extinción de la pensión de alimentos. Si la otra parte no quiere someterse a la Mediación (porque es un proceso voluntario y las dos partes tienen que estar de acuerdo en llevarlo a cabo) tu abogado podrá solicitar, en la demanda que interpongas, que la reducción de la pensión tenga efectos desde el mismo momento en el que iniciaste el proceso de Mediación (artículo 233-7.3 del Código Civil de Cataluña), esto es, que se retrotraiga la reducción de la pensión de alimentos a ese momento.

Para que pueda prosperar una modificación de la Sentencia, tanto el Código Civil de Cataluña, como los Tribunales que lo aplican, se exige que se den unas circunstancias concretas que pueden resumirse en las siguientes:

Que el cambio que se alega sea sustancial. Si lo que se pretende, en ese caso, es la reducción de la pensión, la disminución de los ingresos y de la capacidad económica del obligado al pago ha de ser sustancial.

Que esta disminución en los ingresos no se hubiera previsto cuando se pactó el convenio o se dictó la Sentencia.

Que  esta disminución tenga permanencia en el tiempo y no sea anecdótica.

Esta disminución se ha de probar documentalmente ante el Juzgado. Deberás acreditar cual era tu situación económico-patrimonial cuando se acordó el convenio o se dictó la sentencia y la actual. De esta forma el Juzgador podrá estudiar la documentación que aportes y valorar que se ha producido esta  reducción sustancial de tu capacidad económica para hacer frente al pago de la pensión a la que venías obligado.

Es conveniente que solicites el asesoramiento previo de un abogado para que el especialista en la materia pueda ayudarte a examinar si concurren las circunstancias legales para solicitar una reducción de la pensión de alimentos. Llámanos sin compromiso, y hablamos 930003848

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La Mediación

La Mediación Familiar es un método alternativo al sistema judicial para la resolución de los conflictos familiares. Podríamos definir la Mediación como un proceso donde las partes, con la ayuda y acompañamiento de un Mediador, profesional neutral e imparcial, negocian y toman decisiones sobre cómo quieren que se resuelva el conflicto que mantienen, como pueda ser el generado por su proceso de separación, divorcio o ruptura de pareja.

La Mediación familiar es un proceso voluntario por lo que sólo si las dos partes quieren implicarse se llevará a cabo. La Mediación fomenta el restablecimiento del diálogo entre las partes para mantener las relaciones de futuro y contribuye a la pacificación del conflicto familiar que todo proceso de ruptura conlleva.

En el proceso de mediación se ayuda a redistribuir los nuevos roles familiares, fijando unas nuevas bases de actuación y comportamiento necesarias para reconstruir la nueva situación que se da tras la separación, divorcio o ruptura de la pareja. Estas nuevas bases deberían ser imprescindibles cuando existe descendencia en común. De todos es sabido que no es lo mismo educar cuando los padres conviven en el mismo domicilio familiar que hacerlo cuando están separados. Por ello sería necesario que los padres fijasen actuaciones y directrices comunes a trasmitir a los hijos que deberán cumplirse estén en uno o en otro domicilio de los progenitores. Estas normas comunes ayudarán a que el proceso de educación y aprendizaje los hijos no se resienta por la separación de sus padres. El hecho de que los padres acudan a la mediación para solucionar sus conflictos por la vía del diálogo, además de un buen ejemplo para los hijos, minimiza las sensaciones de culpabilidades, manipulaciones o protagonismos que los procesos judiciales contenciosos les suelen generar.

El Mediador

El Mediador es un profesional imparcial, un árbitro, un conciliador, una persona neutral que actuará con equidad para garantizar un equilibrio real entre las partes, lo cual ayuda a que se lleguen a compromisos queridos por las dos partes, lo que facilita su cumplimiento al haber sido los protagonistas en la toma de los acuerdos alcanzados.

El Proceso

Es un proceso confidencial, por lo que todo lo que se diga en la mediación nunca podrá utilizarse en un procedimiento judicial si la mediación no llegara a solucionar todos los aspectos que se deben regular en una ruptura.

En el proceso de mediación se puede someter a negociación todas o solo alguna de las medidas que deben fijarse en la ruptura.  Se habla de “mediación total” o “mediación parcial”. Por ejemplo, las partes pueden someter a mediación únicamente el tipo de custodia que consideran más beneficiosa para sus hijos, bien sea la custodia individual a favor de un progenitor o el sistema de custodia compartida. Y dejar en manos del Juez la decisión sobre la forma de contribuir a los gastos de sus hijos. En este caso el Juez solo tomará una decisión económica y habrán sido las partes, conocedoras de primera mano de cuáles son las necesidades de sus hijos y que es lo más beneficioso para ellos, quienes habrán decidido cómo se relacionarán sus hijos con cada uno de los progenitores.

El Mediador o Mediadora puede detectar durante el proceso de mediación la necesidad de intervención de otros profesionales que considere que puedan ayudar a mitigar el conflicto familiar y a restablecer el diálogo entre las partes, como puedan ser Psicólogos especialistas en menores y adolescentes, Psiquiatras, Terapeutas familiares, Coaching matrimonial… El Mediador lo pondrá de manifiesto a las partes, bien de forma conjunta, o en sesiones individuales con cada una de ellas.

Las partes tienen que saber que un Mediador no asesora legalmente. El Mediador hace su función, que no es otra que mediar de forma neutral y acompañar a las partes en el proceso de la toma de sus decisiones. Y serán los Abogados de cada parte quienes los asesoren legalmente y se encarguen de redactar y dar forma legal a los acuerdos, totales o parciales, que hayan alcanzado en el proceso de mediación a través del correspondiente Convenio Regulador y Plan de Parentalidad.

La Mediación ofrece a las partes la posibilidad de convertirse en los protagonistas en la toma de las decisiones de cómo se quieren que se acuerden las medidas derivadas de su ruptura. La Mediación es la herramienta que facilita el camino para hacer este recorrido de forma ordenada, garantizando el equilibrio y la igualdad de las partes para lograr alcanzar acuerdos negociados que siempre serán más fáciles de cumplir que los impuestos por un tercero.

En Mateo Ferrús Abogadas apostamos por la resolución alternativa de conflictos y creemos en la Mediación como medio para hacerlo. Y por ello contamos con una Mediadora que ayuda a las parejas que, de forma valiente, eligen ser las verdaderas protagonistas en la toma de las decisiones y las medidas a adoptar en su ruptura. Parejas que apuestan por la vía del diálogo, y, que, con la ayuda del Mediador, intentarán dar una solución negociada a su conflicto antes de acudir a la vía judicial y que sea un tercero quien decida por ellos.

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Reducción de la Pensión de Alimentos

Muchos progenitores se plantean si es posible solicitar la reducción de la pensión de alimentos fijada a favor de los hijos de su primera pareja cuando tiene nueva descendencia.

Hasta hace relativamente poco tiempo los tribunales no atendían la petición de reducción de la pensión de alimentos por nacimiento de nueva descendencia con el argumento que “«el hecho de nuevos hijos es un hecho libre en ejercicio de la libertad pero en modo alguno podrá condicionar ni limitar los derechos de los anteriores».

Esta doctrina está siendo superada y el Tribunal Supremo ha dictado recientes sentencias que abogan por modificar esta jurisprudencia. En este sentido el Alto Tribunal establece que “el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad».

Porque, como nos recuerda el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 1.02.2017, el hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del deudor de una pensión de alimentos, dice la sentencia, «no implica que la obligación no pueda modificarse en beneficio de todos (..) sin que exista un crédito preferente a favor de los nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante».

Esta nueva jurisprudencia abre la posibilidad para poder solicitar una reducción de la pensión de alimentos si el progenitor obligado al pago no pudiera hacer frente a la totalidad del pago de esta pensión y a las necesidades de los nuevos hijos que hayan nacido posteriormente. Si esto es así procederá una reducción de la pensión de alimentos porque todos los hijos son iguales antes la ley conforme establece el artículo 39 de la Constitución y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores.

El Proceso de solicitud

La solicitud deberá hacerse a través de un procedimiento de modificación de medidas que podrá tramitarse por la vía del mutuo acuerdo y, si ello no fuera posible, a través de un procedimiento contencioso.

Teniendo en cuenta que una pensión de alimentos establecida judicialmente es una deuda de valor y que mientras no se deje sin efecto por otra resolución judicial posterior se va devengado cada mes aunque no se esté pagando, es aconsejable, si no puede hacerse frente al pago total de la pensión fijada, solicitar cuanto antes su modificación para evitar que se generen atrasos que inevitablemente se tendrían que pagar. Para ello, junto con la demanda contenciosa de solicitud de modificación de medidas se deberá solicitar y acumular una demanda de medidas provisionales previas para que, cuanto antes, el Juez cite a las partes y pueda decidir provisionalmente sobre esta petición de reducción de la pensión de alimentos. Esta decisión provisional será de obligado cumplimiento desde que se dicte y estará en vigor hasta que finalmente se decida en la Sentencia sobre el resultado de la demanda principal de modificación de medidas. Por lo que, de obtener la tutela judicial efectiva solicitada, el importe de la pensión de alimentos se verá reducida desde que se dicte el Auto de medidas provisionales.

Ante cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nuestros Abogados en Barcelona.

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  1. Derecho de Familia

El Registro de Parejas estables

En cumplimiento de lo dispuesto en el Código Civil de Cataluña ha entrado en vigor el Reglamento del Registro de parejas estables de esa Comunidad y se ha creado un Registro de parejas estables de Cataluña.

A partir de ahora las parejas que quieran podrán inscribirse en este Registro. La inscripción es voluntaria y es necesario el consentimiento de los dos convivientes en pareja.

¿Quiénes podrán inscribirse?: Podrán hacerlo las parejas estables. ¿Y cuando se considera que existe una pareja estable según el Código Civil de Cataluña?. El artículo 234-1 dice que dos personas que conviven en comunidad de forma análoga a la matrimonial se consideran como pareja estable cuando se da uno de los siguientes supuestos:

1.- Si la convivencia dura más de dos años ininterrumpidos.

2.- Si durante la convivencia tienen un hijo en común, no siendo en este caso necesario que hayan transcurrido los dos años ininterrumpidos de convivencia.

3.- Si formalizan la relación en escritura pública.

No podrán inscribirse como pareja estable, a título de ejemplo, los menores de edad (sí que podrían si estuvieran emancipados); las personas casadas y no separadas de hecho, o las personas que convivan en pareja con una tercera persona.

¿Por qué deben registrarse las parejas estables?: Es importante dejar constancia de la convivencia a la hora de acreditar ante terceros los derechos que se puedan derivar de esta unión, mientras dura la misma o cuando se extingue, bien sea por separación de la pareja o por fallecimiento de uno de sus miembros.

Si uno de los miembros de la pareja fallece puede solicitar una pensión de viudedad. La legislación de la Seguridad Social, al regular el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho, considera como una forma de probar la existencia de esta unión la “certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante”.

Asimismo, existen otros derechos de los que pueden beneficiarse los miembros de la pareja estable si consta debidamente registrada ante terceros, como pudiera ser la posibilidad de regularizar la situación en España, pudiendo solicitar los correspondientes permisos de trabajo y/o residencia o solicitar la reagrupación familiar, etc.

Recuerda que:

También en los casos de extinción de la pareja es aconsejable que la misma haya estado registrada para acreditar más fácilmente, por ejemplo, los años de convivencia a la hora de solicitar una prestación alimenticia al otro conviviente, o, poder reclamar una compensación económica por razón del trabajo (en el caso de que un conviviente haya trabajado para la casa más que el otro, o, haya trabajado para el otro miembro sin retribución o con un salario insuficiente).

Finalizada la unión de hecho, tanto por voluntad de uno de los miembros de la pareja como por decisión conjunta, se deberá inscribir la extinción de la unión. En este caso, tan solo con el consentimiento y la petición de uno de los convivientes se puede dar de baja la unión en el Registro de Parejas de Hecho.

En caso de duda puede ponerse en contacto con nuestros Abogados en Barcelona.

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