Recientemente varios progenitores nos han solicitado asesoramiento para saber qué deben hacer o cómo actuar ante la negativa de sus hijos menores a cumplir con el régimen de visitas establecido a favor del progenitor no custodio.

Actualmente el incumplimiento del régimen de visitas ya no puede denunciarse penalmente, como se hacía hasta la última reforma del Código Penal. En consecuencia, de no cumplirse el régimen de visitas, el progenitor afectado por el incumplimiento puede iniciar un procedimiento civil para ejecutar la sentencia que estableció el régimen de visitas. Deberá solicitar al Juez que adopte las medidas necesarias para obligar al progenitor custodio a que cumpla el régimen de visitas. El Juez requerirá al progenitor custodio para que adopte medidas a los fines de facilitar a los menores el cumplimiento. El progenitor requerido deberá fomentar actitudes que favorezcan el cumplimiento.

La pregunta que más habitualmente nos realizan los progenitores en estos casos es:

¿PUEDE LA SOLA NEGATIVA DE UN MENOR JUSTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS?

Por norma general debemos responder que no. Y el motivo es que no podemos supeditar el régimen de visitas/estancias a la voluntad de un menor, pues éstos son fácilmente manipulables o pueden moverse por otros intereses para no ir con su progenitor. Por ejemplo, es frecuente que su deseo o decisión de negarse a ir con un progenitor se base en un mero capricho u otros intereses como son: la menor permisibilidad de este progenitor frente los estudios, normas de convivencia, horarios para salidas con amigos, móviles materiales, etc…

Sin embargo, hay casos en los que el cumplimiento del régimen de visitas puede estar perjudicando negativamente al menor, hasta el punto de afectarlo psicológicamente. En estos casos habrá que estudiar cuáles son las causas y/o motivos que están motivando este malestar. Si la causa está relacionada con la actitud del progenitor custodio y/o por circunstancias que sólo concurren cuando el menor está en su compañía, se debería solicitar la suspensión, supervisión o la modificación del régimen de visitas. Todo y más si el progenitor no custodio no toma las medidas necesarias para dar solución y evitar el padecimiento psicológico de su hijo.

¿PUEDE EL MENOR EXPRESAR SU OPINIÓN DIRECTAMENTE AL JUEZ?

La respuesta es que los menores tienen derecho a ser oídos. A partir de los 12 años siempre. Y, antes de dicha edad, podrán ser escuchados por el Juez cuando tenga suficiente juicio, esto es, cuando sean maduros para su edad. La ley prevé que el Juez deba escuchar a los menores en todos los asuntos que les afecten, y más concretamente, en aquellos procesos en los que se decida su futuro, bien sea acordándose el sistema de guarda (individual a favor de un solo progenitor o guarda compartida) o cuando se decida qué régimen de visitas se tiene que establecer a favor del progenitor no custodio.

El derecho de los menores a ser escuchados es un derecho consagrado y reconocido tanto en el artículo 12 de la Convención Mundial sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, como en nuestra legislación interna. El Código Civil de Cataluña contempla en su artículo 233.11.1 e) que, para establecer el régimen de guarda y custodia, deberá tenerse en cuenta, entre otros criterios, “la opinión expresada por los hijos”. Y, en su artículo 211-6.2, establece el derecho que tienen éstos a ser escuchados antes de tomar decisiones que afecten directamente a su esfera personal o patrimonial.

Y, si bien los hijos menores deben ser escuchados y tenerse en cuenta su opinión en aquellos procedimientos que directamente les afecten, debe tenerse presente que su voluntad no puede erigirse como único elemento decisorio. Si así fuera, los hijos menores se podrían convertir en objetos de la disputa de sus padres. En este sentido se pronuncia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 9 de enero de 2.014, donde el Juzgador argumenta que la voluntad del hijo menor de no ir con el otro progenitor no es determinante para modificar el régimen de estancias, al no haberse justificado durante el proceso judicial que el régimen de estancias sea perjudicial para el hijo. Lo que el Juez valorará a la hora de decidir si suspende, modifica o supervisa el cumplimiento del régimen de visitas será siempre el interés superior del menor.

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA SUSPENDER, SUPERVISAR, Y/O MODIFICAR EL RÉGIMEN DE VISITAS?

Para que pueda suspenderse o modificarse el régimen de visitas se deberá solicitar judicialmente. El Juez deberá valorar las circunstancias concurrentes para decidir la conveniencia o no para el menor de suspender o modificar el régimen de visitas, pudiendo ordenar que el cumplimiento del régimen sea supervisado y controlado.

Sólo en el caso de que el cumplimiento del régimen de visitas pueda ser perjudicial para el menor el Juez lo suspenderá.

En estos casos, es de especial relevancia que busque asesoramiento legal con el fin de iniciar un procedimiento de modificación de medidas en el que deberán acompañarse aquellas pruebas, como pueden ser informes médicos, psicológicos, y/o escolares que acrediten y pongan de manifiesto el perjuicio que pueda estar sufriendo el menor (por malos tratos, por falta de aptitud del progenitor, carencia de habilidades parentales necesarias para interactuar con el menor, etc…). Con esta justificación documental, la exploración judicial del menor, y, con el resto de pruebas periciales que puedan solicitarse judicialmente, el Juez podrá acordar las medidas pertinentes para la protección del menor, como puede ser la de suspender, supervisar o modificar el régimen de visitas.

Si cree que se encuentra en esta situación y desea asesoramiento legal no dude en ponerse en contacto con nosotros, y nuestros abogados de familia le informarán y acompañarán en el proceso.

¿PUEDEN LOS PADRES PEDIR ALIMENTOS A SUS HIJOS?

Es más conocido el deber que tienen los progenitores de prestar alimentos a los hijos menores de edad, obligación que incluso se extiende tras llegar éstos a la mayoría de edad y mientras sean económicamente dependientes.

Sin embargo, pocas personas conocen la obligación legal, y no sólo moral, que tienen los hijos de atender las necesidades de sus padres y de prestarles alimentos cuando éstos los necesiten.

La obligación de prestar alimentos entre parientes se encuentra prevista en nuestra legislación, tanto en el Código Civil Español, como en el Código Civil de Cataluña. Los alimentos se definen como aquello indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona que los necesita, a la que legalmente se la llama alimentada.

¿QUÉ PERSONAS ESTÁN OBLIGADAS A PRESTAR ALIMENTOS?

El Código Civil de Cataluña (C.C.Cat) -en su artículo 237-2- establece las personas que están obligadas a prestar alimentos, y entre ellos, encontramos a los descendientes. Los hijos, si se dan los requisitos que establece nuestra legislación, tiene la obligación legal de prestar alimentos a sus padres.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR ALIMENTOS A LOS HIJOS?

  • Que exista un estado de necesidad en la persona que los reclama. Es decir, la imposibilidad de ésta de atender a sus necesidades básicas.
  • Que el estado de necesidad no derive de una causa que le sea imputable.
  • Que el obligado a prestar alimentos, en este caso los hijos, tengan la capacidad económica de prestarlos, sin desatender a sus propias necesidades o de quienes tengan derecho de alimentos preferente (los nietos en este supuesto).

Debemos señalar que, si bien el derecho a reclamar alimentos a los hijos nace desde que se necesitan, no se pueden solicitar los anteriores a la fecha de la reclamación. Por ello, aunque sea doloroso, es necesario iniciar los trámites legales desde el momento en el son necesarios los alimentos.

¿CÓMO SE DETERMINA EL IMPORTE DE LOS ALIMENTOS Y LA FORMA EN LA QUE DEBEN PAGARSE O PRESTARSE?.

La cuantía de la pensión de alimentos se determinará teniendo en cuenta, de un lado, las necesidades de quien los necesita y, de otro, de la capacidad económica del obligado o de los obligados a prestarlos, en este caso de los hijos.

La forma de pago deberá establecerse en la Sentencia, siendo lo habitual que se satisfaga en dinero y por mensualidades avanzadas. Sin embargo, la obligación puede también satisfacerse acogiendo al alimentado en casa del obligado, siempre y cuando el obligado esté de acuerdo y el alimentado no se oponga en base a motivos objetivos. 

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS SI HAY VARIOS HIJOS?.

La Sentencia deberá determinar, si hay más de un hijo, la proporción que debe pagar cada uno de ellos. Y este importe será fijado en proporción a los recursos económicos y posibilidades de cada una de las personas obligadas.

¿SE PUEDE MODIFICAR LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS QUE SE ESTABLECIÓ EN LA SENTENCIA JUDICIAL?

Se podrá modificar la cuantía de la pensión de alimentos establecida en la Sentencia siempre y cuando varíen aquellas circunstancias que se tuvieron en cuenta para determinarse. Por ejemplo, el empeoramiento de la capacidad económica de quien debe prestar los alimentos; o la mejora de la capacidad económica de quien los necesita. En ambos casos se puede justificar la disminución de la cuantía.

¿Y, CUÁNDO SE ACABA LA OBLIGACIÓN DE LOS HIJOS DE PRESTAR ALIMENTOS A SUS PADRES?

La obligación de los hijos de prestar alimentos a sus padres puede terminarse, por los siguientes motivos que constituyen causas de extinción:

  • El fallecimiento del alimentado;
  • La mejora de la situación económica del alimentado que haga innecesaria la percepción de la pensión de alimentos;
  • El empeoramiento del obligado a prestarlos que le impida cumplir con dicha obligación sin desatender sus necesidades o la de los que tienen derecho de alimentos preferente;
  • Que el alimentado incurra en alguna de las causas de desheredación establecidas en el artículo 451-17 CCCat respecto a quien debe prestar los alimentos. En este artículo se mencionan determinadas causas que dan derecho a desheredar y, que, a su vez, podrían alegarse para denegar alimentos. Por ejemplo: la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar causada (o imputable) al alimentado. O que la persona que reclama alimentos en su día hubiera negado alimentos a sus hijos, o hubiese sido privada de su la patria potestad cuando eran menores. O que hubiera sido condenado como autos de malos tratos…

En conclusión, si bien los hijos tienen la obligación legal de procurar alimentos a sus padres, deberemos analizar cada caso para determinar si concurren los presupuestos legales necesarios para que la demanda de reclamación de dichos alimentos prospere. Contrariamente, cuando se recibe una reclamación por alimentos se deberá analizar si concurre alguna causa legal para oponerse a prestarlos.

Si cree que se encuentra en esta situación y desea asesoramiento para solicitar una pensión de alimentos, reducirla o extinguirla, no dude en ponerse en contacto con nosotros, y nuestros abogados de familia le asesorarán y acompañarán en el proceso.

 

 

 

 

Actualmente el sistema de guarda y custodia compartida es, siempre que sea lo mejor para los hijos, la solución que adoptan mayoritariamente los jueces y magistrados. Hay una serie de criterios que tienen en cuenta al valorar y decidir qué sistema de guarda es el más beneficioso para los hijos menores.

El artículo 233-11 del Código civil de Cataluña enumera cuáles son estos criterios, entre los cuales destacamos: la vinculación afectiva de los hijos con los progenitores; la aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de sus hijos; la actitud de cooperación entre los progenitores; la situación de los domicilios de los progenitores, horarios y actividades de los hijos, disponibilidad de los progenitores para hacerse cargo de sus hijos…

Ahora bien, ¿qué sucede si ya ha sido determinada la modalidad de guarda mediante sentencia? ¿Se puede pedir el cambio de custodia individual a compartida?

Cada vez son más los progenitores que nos plantean si es posible modificar el sistema de guarda que ya ha sido acordada en una Sentencia, y, concretamente, sobre la posibilidad de pasar de una guarda exclusiva a favor de uno de los progenitores, normalmente a favor de la madre, a una guarda compartida entre los dos progenitores.

La posibilidad de modificar el sistema de guarda establecido en una Sentencia está previsto legalmente. Concretamente, el artículo 233-7.1 del Código Civil de Cataluña prevé que las medidas acordadas en un proceso de familia puedan modificarse si varían sustancialmente las circunstancias que se hubieran tenido en cuenta en el momento de dictarlas.

Dependiendo de las circunstancias que pesaron a la hora de establecer una guarda individual a favor de un progenitor, si estas se modifican, podremos pedir al Juez que revise su decisión.

Por ejemplo la edad de los menores: si cuando se fijó la guarda individual se hizo porque los hijos eran muy pequeños, el hecho de que crezcan, será un motivo para poder pedir la revisión del sistema de guarda. O, la voluntad de los hijos de querer compartir de forma igualitaria el tiempo con ambos progenitores, se valorará positivamente por el Juez para modificar el sistema de reparto de las estancias entre los progenitores.

Otro ejemplo sería acreditar la mayor disponibilidad horaria del progenitor que pide la guarda compartida para hacerse cargo de sus hijos, si cuando el Juez valoró su situación le impedía hacerse cargo de los menores (por amplios horarios de trabajo, o turnos de trabajo que le impedían ocuparse de sus hijos…).

En conclusión, podremos modificar las medidas acordadas en una Sentencia, entre ellas, la modalidad de guarda de los hijos menores, siempre y cuando acreditemos que han cambiado las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para establecerla. Asimismo deberemos probar que el cambio en el sistema de guarda será más beneficioso para los hijos.

Si cree que se encuentra en esta situación y desea asesoramiento para solicitar la modificación de la guarda custodia, no dude en ponerse en contacto con nosotros, y nuestros abogados de familia le asesorarán y acompañarán en el proceso.

¿Tengo derecho a reclamar contra mi expareja, en el caso que éste haya obtenido la nulidad de una cláusula suelo y la devolución de cantidades cuando el préstamo era conjunto y solidario?

La respuesta a dicha cuestión es afirmativa. Si ambas partes son deudores solidarios, les afectarán por igual las consecuencias derivadas de la nulidad de una cláusula, pues antes eran deudores solidarios y ahora se convierten en acreedores solidarios. Así lo han concluido varios de los Magistrados especialistas en derecho mercantil de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Cantabria, Málaga y Almería, en artículos publicados sobre el tema planteado.

Debe matizarse que parte de la jurisprudencia considera que no basta con que ambas partes aparezcan como titulares del préstamo para considerarse acreedores solidarios, sino que es necesario para tener dicho derecho de repetición contra el ex cónyuge litigante, demostrar que se ha estado pagando las cuotas.

El derecho de repetición, por regla general, se tiene respecto la mitad de los beneficios que obtenga el litigante (excepto que se demostrase que uno de los dos abonó más cuotas del préstamo cuya anulación se solicita). Para calcular el importe a repartir, primero se descontarán aquellos gastos y costas del procedimiento que hayan sido abonadas por el litigante, pues es quien ha asumido el coste de pleitear.

En resumen, el ex cónyuge o ex pareja que no haya litigado, por el hecho de ser deudor solidario (situación de comunidad), o encontrándose en régimen de gananciales, también será acreedor solidario, por lo que mediante el derecho de repetición podrá reclamar su parte correspondiente respecto las cantidades devueltas como consecuencia de la nulidad de una cláusula contractual.

 

¿Puede uno de los cónyuges disponer del procedimiento de reclamación de nulidad de una cláusula suelo respecto un préstamo del que somos ambos titulares, sin tener mi expreso consentimiento para ello?

Para contestar la cuestión debemos tener en cuenta que los derechos de crédito pueden ser ejercitados por quienes consten como titulares de estos. Sean o no cónyuges.

No obstante, de la misma forma que las costas ganadas por el litigante deben descontarse, –en el caso que se instara la acción sin el consentimiento del otro–, pues es él quien ha corrido el riesgo de litigar, en el caso de pérdida de la acción –sin el consentimiento del otro- no se podrán repercutir las costas a la otra parte.

Lo que sí es importante resaltar es que dicha reclamación que puede accionarse por uno de los comuneros o por uno de los cónyuges en gananciales, sólo puede hacerse en beneficio de la otra parte, por lo que en el caso de que se ejercite una acción que pueda acarrear consecuencias perjudiciales para quien no litiga, cuando no tenemos su consentimiento –actos como transaccionar o renunciar a la acción–, no pueden ejercitarse sin el consentimiento del otro acreedor solidario.  De lo contrario, deberá responder por dichos actos perjudiciales frente al otro.

Otros artículos y consejos jurídicos que podrían ser de su interés son el “Uso del domicilio familiar en caso de Separación o Divorcio”, o “Qué se ha de negociar en un Convenio Regulador de Divorcio, Separación o ruptura de pareja de hecho”.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el Impuesto que debe pagar todo aquel que reciba un bien o derecho de una herencia.

¿Qué porcentaje debo pagar respecto del bien recibido en herencia?

Su cuantía viene determinada por las leyes de cada Comunidad Autónoma, por lo que variará de una Comunidad Autónoma a otra.

¿Cuál es la ley aplicable y, por lo tanto, la que establecerá las fórmulas de cálculo de dicho impuesto?

La Ley aplicable será la de aquella Comunidad Autónoma en la que residiera de forma habitual el causante, o es su defecto, en la que haya residido más tiempo durante los últimos 5 años.

¿Qué plazo tenemos para presentar el impuesto?

El plazo para presentar el Impuesto de Sucesiones es de 6 meses desde el fallecimiento del causante y es susceptible de prórroga por un plazo de 6 meses más.

En el caso de que se encuentre tramitándose un litigio con objeto hereditario, dicho plazo, de 6 meses para liquidar el impuesto, se suspende.

¿Existen reducciones de la cuota que debe pagarse?

Como ya hemos hecho mención, cada Comunidad Autónoma regula las normas aplicables para el cálculo del impuesto.

En Cataluña, las principales reducciones de las que nos podemos beneficiar, y reducir considerablemente nuestra cuota, son las siguientes:

1.- Reducciones por parentesco:

Grupo I: Las adquisiciones por descendientes menores de 21 años tienen una reducción de 100.000€ a la que se sumará 12.000€ por cada año de menos de 21 que tenga, hasta un límite de 196.000€.

Grupo II: Las adquisiciones por descendientes de 21 años o más, cónyuge, pareja estable y ascendientes tienen las siguientes reducciones:

Cónyuge o pareja estable: 100.000€.

Hijo: 100.000€.

Resto de descendientes: 50.000€.

Ascendientes: 30.000€.

Grupo III: Las adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado y por ascendientes y descendientes por afinidad tendrán derecho a una reducción de 8.000€ de la cuota a pagar.

2.- Reducción por discapacidad: Es una reducción complementaria a las otras reducciones y se aplica a aquellas personas que tengan la consideración legal de personas discapacitadas.

3.- Reducción por edad: Dicha reducción se aplica a las personas del grupo II de 75 años o más, que podrán beneficiarse de una reducción en la base imponible de 275.000€. Esta reducción no es compatible con la reducción por discapacidad.

4.- Reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante: De dicha reducción se pueden beneficiar el descendiente, ascendiente, adoptado, adoptante o colateral (en este caso, mayor de 65 años y que hubiera convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento), siempre que el bien que se adquiera sea la residencia habitual del fallecido, aplicándose una reducción del 95% del valor del inmueble, con el límite de 500.000.-€ por el valor del inmueble.

Dicho límite que se prorrateará entre los sujetos pasivos en proporción a su participación sin que el límite individual pueda ser inferior a 180.000€.

Si usted necesita información sobre cómo debe liquidarse el impuesto de sucesiones y donaciones, así como de la aplicación de reducciones del mismo, ya sea según la ley aplicable en Cataluña u otra, puede ponerse en contacto con nuestros expertos en herencias de Mateo Ferrús Abogadas y concertar una visita en la cual podrá exponer su caso y aclararemos todas sus dudas e inquietudes.

Otro artículo y consejo jurídico que podría ser de su interés es  “¿Qué es la legítima y cómo reclamo mis derechos legitimarios?”.

A raíz de los grandes avances tecnológicos de nuestra sociedad, y sobretodo con la aparición de internet y con ello, el surgimiento de las redes sociales, es un hecho habitual que los progenitores publiquen en sus páginas sociales (Facebook, Instagram…) fotos de sus hijos, sin pensar en los derechos de imagen de los hijos menores de edad.

Si bien muchos progenitores suben las fotos pensando que no hay consecuencias jurídicas en ello, pues son “sus hijos”, sí puede haberlas, porque los menores de edad tienen derecho a la propia imagen, de igual forma que lo tenemos los mayores de edad. El derecho a la imagen es un derecho fundamental contemplado en el artículo 18 de nuestra Constitución y reconocido a todas las personas por el mero hecho de serlo.

A lo anterior debe añadirse que los niños y niñas tienen una protección aún mayor, en aras a proteger el interés superior del menor.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor que considera intromisión ilegítima la publicación de fotografías de menores que puedan implicar menoscabo de su honra, reputación o que sean contrarias a sus intereses, previéndose la intervención del Ministerio fiscal en defensa de los derechos del menor de edad.

Dicho lo anterior: ¿Se puede o no publicar fotografías de nuestros hijos menores de edad?

La respuesta a esta pregunta dependerá de si los progenitores están o no de acuerdo en publicar las fotos, así como de la edad de los hijos menores.

Respecto del consentimiento, los padres, como titulares que son del ejercicio de la potestad parental de sus hijos, y que es compartida, (con independencia de quien tenga atribuida la guarda o de si ésta es compartida), les corresponde prestar su consentimiento a la publicación de las fotos de sus hijos a ambos progenitores.

El conflicto se plantea cuando no existe consenso entre los progenitores, hecho que requeriría que el progenitor que deseara publicar la fotografía solicitara autorización judicial para poder hacerlo.

No obstante lo anterior, y como ocurre habitualmente, en el caso que la publicación de la fotografía del menor ya se haya efectuado sin el consentimiento del otro progenitor y sin la pertinente autorización judicial, el otro progenitor podrá solicitar al juez que obligue al otro progenitor a eliminar dichas imágenes.

Respecto la edad de los hijos menores de edad, y atendiendo a lo que dispone el artículo 13.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, cuando el menor de edad tenga 14 años será él y no sus padres quien deberá prestar el consentimiento para la publicación de sus fotos.

Finalmente debemos señalar que aunque ambos progenitores estén de acuerdo en publicar en las redes sociales una fotografía de su hijo menor, es importante ser responsable para evitar una sobreexposición de nuestros hijos, que pueden, al ser mayores, avergonzarse de fotos que se publicaron sin su consentimiento.

Si tienes más dudas sobre los derechos de imagen de los hijos menores de edad o te encuentras en una situación en la cual se han publicado fotos de tus hijos y no estás de acuerdo con ello, puedes ponerte en contacto con nosotros.

 

 

 

 

Cada vez son más frecuentes los casos en los que una persona, en beneficio de un familiar, se plantea si debería iniciar un procedimiento de incapacitación para proteger sus derechos.

Cuando el Código Civil español regula la incapacitación tiene como base la protección de personas con enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impiden que la persona pueda autogobernarse.

A raíz del aumento de la esperanza de vida, se ha incrementado los grupos de población susceptibles de ser incapacitadas judicialmente, pues son muchas las personas que, a una cierta edad, sufren un deterioro cognitivo grave que les impide gobernarse por sí mismas. Un ejemplo son los enfermos afectados por la enfermedad de Alzheimer o por demencia senil u otro tipo de demencias.

Iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad de una persona es una decisión difícil, pues la incapacitación supone privar a un familiar de tomar decisiones respecto su vida cotidiana, si bien no debemos olvidar que la finalidad perseguida con dicho procedimiento es protegerla.

Para entender que es un procedimiento de incapacitación, también denominado procedimiento de modificación de la capacidad de una persona, hemos de saber primero, qué es la “capacidad” entendida en términos jurídicos.

El ordenamiento jurídico español define que se entiende por “capacidad” de una persona y esta capacidad está formada, de un lado, por la capacidad jurídica y, de otra, por la capacidad de obrar.

La capacidad jurídicaes innata, pues la tenemos todos desde que nacemos por el mero hecho de ser personas, e implica que somos titulares de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar, supone la posibilidad de poder ejercer los derechos y deberes jurídicos de los que somos titulares.

La capacidad jurídica no puede ser modificada, pero la capacidad de obrar sí, por lo que, cuando hablamos de un procedimiento de incapacitación, a lo que nos referimos es a la posibilidad de modificar la capacidad de obrar, que es la que nos permite ejercer los derechos y obligaciones de los que somos titulares.

En consecuencia de lo anterior, por el bien de una persona se puede pedir a un juez que modifique su capacidad de obrar.

La persona, en previsión de una futura incapacidad, puede prever qué personas y/o instituciones quiere que se hagan cargo de su persona y de sus bienes. Para ello deberá dejar su voluntad por escrito suscribiendo los documentos necesarios (en función de en qué comunidad autónoma se encuentre) en previsión de esta posibilidad.

 

TIPOS DE INCAPACITACIONES:

La incapacitación puede ser total o parcial y será la Sentencia judicial la que declare si es de un tipo u otro. Para ello el Juez valorará las pruebas que hayan sido aportadas y practicadas en el procedimiento de incapacitación, (equipo forense del Juzgado, declaraciones de familiares, testigos, informes médicos que se aporten…), y, en función de la gravedad del deterioro y de la situación de la persona el Juzgador decidirá el tipo de incapacitación. Además, la Sentencia determinará qué persona se encargará del incapaz y en qué alcance lo deberá hacer, es decir, las esferas en las que habrá de intervenir quien se deba hacer cargo del incapaz.

 

a) INCAPACITACIÓN TOTAL

La incapacitación totalimplica que la persona quedará totalmente incapacitada para el gobierno de todos los ámbitos de su vida.

Ello implicará que deba designarse en la Sentencia judicial a un tercero para que actúe en los actos de la vida cotidiana del incapaz, ya sea un familiar o una institución pública.

La finalidad de que se nombre a otra persona para que supla los actos del incapaz no es otra que la de protección tanto de su persona como de su patrimonio.

La Sentencia puede establecer que una persona se encargue de las decisiones de índole personal y, otra persona o institución, que se encargue de la esfera patrimonial.

En el caso de que la incapacitación sea total la institución legal que se usa para proteger al incapaz es la tutela.

b) INCAPACITACIÓN PARCIAL

La incapacitación parcial de la persona no supone, al contrario que la incapacitación total, una total incapacidad de autogobierno, sino que la persona incapacitada sí podrá tomar decisiones en determinadas materias de su vida, mayormente las de su esfera personal, por lo que, no se suple totalmente la capacidad de obrar de la persona.

En la mayoría de ocasiones dicha incapacitación implica que la persona que se nombre intervenga en aquellos actos relacionados con la gestión de su patrimonio u en otros actos que el incapacitado no puede realizar.

En estos casos normalmente la institución legal que se utiliza para proteger al incapaz es la curatela.

 

INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN AL INCAPAZ QUE CONTEMPLA NUESTRA LEGISLACIÓN

1.- TUTELA: La tutela es la principal institución para proteger a las personas incapacitadas, protegiendo los actos relativos tanto a su esfera personal como a su patrimonio.

Es la institución más restrictiva para la persona incapacitadas pues se establece la necesidad de que otra persona ostente el cargo de tutor del incapaz cuando éste no puede autogobernarse en ningún acto de su vida cotidiana.

2.- CURATELA: La curatela es la institución que se establece en el caso de incapacitaciones parciales, que implican que sólo debe completarse la capacidad del incapaz para algunos actos de su vida cotidiana, mayormente en lo relativo a los aspectos patrimoniales del incapacitado.

3.- DEFENSOR JUDICIAL: El nombramiento de un defensor judicial, a diferencia de las dos instituciones anteriores que son de carácter permanente, tiene una duración temporal, y se establece en aquellos casos en los que aún no se ha nombrado un tutor o curador, por lo que el juez, en aras a proteger al incapaz, nombrará un defensor judicial hasta que se proceda a la designación de un tutor o curador.

4.- ADMINISTRADOR PATRIMONIAL: El administrador patrimonial es la persona que se designa para encargarse del patrimonio del incapacitado. Normalmente la función de gestionar su patrimonio será realizada por el tutor o curador, sin embargo, en aquellos casos en los que existan conflictos de intereses entre el tutor o curador respecto del incapacitado, se nombrará la figura del administrador patrimonial, que persigue, una vez más, la finalidad de protección del incapaz.

 

LA ENAJENACIÓN DE BIENES DE UNA PERSONA INCAPAZ

Cuando hablamos de enajenación de bienes del incapaz, nos referimos al procedimiento judicial que ha de seguirse para poder vender los bienes de una persona que se encuentra incapacitada mediante sentencia judicial, o de una persona menor de edad no emancipada.

En lo que atañe a las personas incapacitadas judicialmente, en el caso de que los terceros designados para su cuidado (tutor, curador, defensor judicial, administrador patrimonial) no estén habilitados para la venta de sus bienes, una de las preguntas que plantean los clientes es la de si pueden vender bienes de su patrimonio.

Para poder vender los bienes de una persona incapacitada judicialmente, sin estar habilitados para ello, deberemos acudir a un juez para solicitar una autorización judicial que nos permita la venta de los mismos, pues sin ella, no podremos venderlos.

Respecto  los bienes de los menores de edad no emancipados, la respuesta es la misma, pues si pretendemos vender sus bienes, será un juez quien decidirá si podemos venderlos o no, toda vez que, sin autorización judicial, cualquier negocio jurídico será nulo.

Es conveniente que solicites asesoramiento especializado en caso de tener que iniciar un proceso de incapacitación. En Mateo Ferrús Abogadas podemos ayudarte. Llámanos al 93 000 38 48 o rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.

¿Se puede obligar a los herederos a aceptar o repudiar la herencia?

La sucesión hereditaria es la transmisión de la herencia del causante a quienes deben recibirla (sus herederos, legatarios, cónyuge o conviviente de hecho). Esta transmisión puede hacerse cumpliendo con lo dispuesto en el testamento (sucesión testada), o, a falta de testamento, por el orden de parentesco que establece la ley (sucesión intestada).

En ambos casos, es necesario que los que vayan a heredar acepten o repudien la herencia, hecho que puede resultar complicado cuando, por desavenencias entre los llamados a heredar, o por otros motivos, como pueda ser tener deudas con terceros, estos herederos adoptan una actitud pasiva. Si todos herederos no aceptan la herencia no podrá efectuarse el reparto de la misma. O, si el heredero no acepta la  herencia, su acreedor no puede reclamar los bienes de la herencia que debería heredar para cobrar su deuda.

¿Pueden los demás coherederos, los legatarios, beneficiarios de la herencia o acreedores de los herederos, hacer algo para que los herederos acepten y pueda hacerse el reparto de la herencia? Aplicando la legislación tanto catalana como estatal común, se puede obligar al heredero a que la acepte o la repudie.

¿Cómo podemos obligar al heredero a que acepte la herencia?

Lo que haremos será acudir a la notaría y solicitar al Notario que requiera a este heredero para que, en el plazo de 2 meses, proceda a aceptar o a repudiar la herencia. (artículo 461-12 del Código Civil de Cataluña). Hay que tener en cuenta que, en el Código Civil Español, el plazo se reduce a 30 días naturales.

¿Qué pasa si el heredero ni acepta ni repudia la herencia?

Si en este plazo el heredero no hace nada, la ley interpreta que repudia la herencia. Hay una excepción: que los herederos sean personas menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente. En estos casos se entiende que aceptan la herencia a beneficio de inventario.

Una vez la herencia es aceptada o repudiada por los llamados a heredar, ya puede procederse al reparto de los bienes, fase que también puede verse obstaculizada por parte de alguno de los herederos.

En esta fase es importante señalar que la legislación catalana prevé que todo coheredero podrá solicitar, en cualquier momento, la partición de la herencia, salvo que se estableciera en testamento la indivisión de la misma.

Dicha partición puede tramitarse de varias formas:

  • Partición por el causante, en la forma que hubiera dispuesto en testamento.
  • Partición por albacea o contador partidor, ya sea, porque así se estableciera por el causante en el testamento o porque se solicite judicialmente por los herederos.
  • Partición por los coherederos de común acuerdo, en base a las reglas dispuestas por el causante o, a falta de ellas, en base a lo que sobre dicha materia disponga la ley. En el caso de que haya acuerdo unánime de todos los coherederos, se podrá prescindir de las reglas de partición dispuestas por el causante e incluso del contador partidor nombrado en testamento, todo ello salvo disposición en contrario.
  • Partición judicial, ya sea, porque así se haya establecido en el testamento o porque a falta de acuerdo, se inste por cualquiera de los coherederos.

En conclusión de lo anterior, en el caso de que uno de los llamados a heredar ni acepte ni repudie la herencia, podemos desencallar la situación acudiendo a un Notario, quien le notificará que si en un plazo de 2 meses no se pronuncia, se interpreta que repudia la herencia, pudiendo entonces tras este plazo, iniciarse la fase de partición de la herencia, que a falta de disposiciones testamentarias sobre la forma de reparto, y/o de acuerdo unánime entre los coherederos, deberá resolverse mediante un procedimiento judicial que podrá ser instado por cualquiera de ellos.

Si cree que podría estar en esta situación, puede ponerte en contacto con nuestros expertos en herencias de Mateo Ferrús Abogadas y concertar una visita en la cual podrá exponer su caso y aclararemos todas sus dudas e inquietudes.

Otro artículo y consejo jurídico que puede ser de su interés es “¿Qué es el impuesto de Sucesiones y Donaciones?”.

¿Se extingue el derecho de uso sobre la vivienda familiar en el caso que el beneficiario conviva con un tercero?

Una de las medidas que se regula en los procedimientos de separación o divorcio, ya sean de mutuo acuerdo o contenciosos, es la atribución temporal del derecho de uso de la vivienda familiar.

La atribución del derecho de uso de la vivienda familiar puede pactarse entre las partes, y a falta de acuerdo, será el juez quien determinará a quién le concede dicho uso, atendiendo para ello a dos criterios principales, que son: atribuir el uso de la vivienda familiar al progenitor al que se atribuya la guarda de los hijos comunes; o atribuirlo al progenitor que ostente una mayor necesidad de protección cuando no haya hijos, estos sean mayores de edad o la guarda sea compartida.

El artículo 233-24 del Código Civil de Cataluña establece cuáles son las causas de extinción del derecho de uso de la vivienda familiar según cual fuera el motivo por el que se atribuyó el uso a uno de ellos:

  • En caso de atribución por pacto entre las partes, se extingue por las causas pactadas.
  • En caso de atribución judicial a uno de los progenitores por razón de la guarda de los hijos, por su finalización.
  • Si se concedió al progenitor con un interés más necesitado de protección se extinguirá por: mejora de su situación económica, empeoramiento de la situación económica del otro cónyuge; matrimonio o convivencia marital del cónyuge beneficiario del uso con otra persona; fallecimiento del cónyuge beneficiario; y vencimiento del plazo establecido.

Dicho lo anterior: si el uso fue atribuido al progenitor más necesitado, se extinguirá el mismo por convivencia marital con otra persona. De la misma forma sucederá en el caso que se hubiera pactado la convivencia con un tercero como causa de extinción.

Pero, ¿Y si el derecho de uso fue concedido judicialmente al progenitor por razón de la guarda de los hijos, ¿Se puede extinguir por convivencia marital con otra persona?

Pese a que legislación catalana no prevé expresamente esta causa de extinción cuando el derecho de uso se atribuye por razón de la guarda, hay un sector Jurisprudencial que considera que la convivencia del beneficiario del uso con un tercero puede dar lugar a la extinción del uso. Y ello porque interpretan que la unidad familiar a favor de la cual se concedió dicho derecho se ve modificada con la entrada de otra persona, creándose una unidad familiar nueva. Por este motivo entienden que debe desafectarse el uso respecto de la vivienda familiar.

Mientras que otro sector jurisprudencial, si bien no considera dicha convivencia con un tercero motivo suficiente para extinguir el derecho de uso, sí considera que dicha convivencia modifica otras medidas que se establecieron en la separación o divorcio, concretamente, la pensión de alimentos de los hijos que debe ser disminuida. Fundamentando tal decisión en que la entrada de una tercera persona supone una nueva fuente de ingresos- colabora en los gastos de suministros de vivienda, y se beneficia de los gastos pagados por el progenitor que no tiene el uso- .

En resumen de lo anterior, en caso que el progenitor beneficiario del derecho de uso de la vivienda familiar conviva con una tercera persona en dicha vivienda, podemos interponer un procedimiento de modificación de medidas solicitando la extinción del derecho de dicho uso y paralelamente pedir una reducción de las pensiones de alimentos de los hijos, porque tanto si se acuerda la extinción del uso como si se acuerda la reducción de la pensión alimenticia, lo cierto es que dicha convivencia tiene consecuencias en las medidas adoptadas en el procedimiento de divorcio o separación.

Si te encuentras en alguna de estas situaciones y tienes preguntas al respecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotras llamando al 93 000 38 48 o rellenando el formulario de contacto de Mateo Ferrús Abogadas.

¿Tienen derecho los abuelos a tener un régimen de relación con sus nietos y viceversa?

La ruptura de una relación, tiene consecuencias para ambas partes y para los hijos, pero en ocasiones, también resultan perjudicados los abuelos, a quienes, en algunos casos, a raíz de la ruptura, ya sea por decisión de ambos progenitores, o unilateral por parte de uno de ellos, se les niega poder ver y pasar tiempo con sus nietos.

El derecho de los abuelos a tener un régimen de relación con sus nietos y a la inversa, es un derecho que reconoce y ampara nuestra legislación vigente, encontrándose este derecho contemplado y regulado en varias normativas, tanto internacionales como nacionales, como son, entre otras: la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), el Reglamento de la Comunidad Europea 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, la Constitución Española, el Código Civil Español, y el Código Civil de Catalunya.

El artículo 236-4.2 Código Civil de Cataluña, recoge el derecho de los menores a relacionarse con sus abuelos y el de éstos a relacionarse con aquéllos, así como el deber de los progenitores a facilitar dichas relaciones.

Dicho lo anterior, los abuelos no pueden ser privados de ver a sus nietos, pues es un derecho de todos que se mantengan las relaciones tras la ruptura de la pareja. En el caso de que, tras la separación de los progenitores, los abuelos sean privados de la relación con sus nietos, pueden iniciar un proceso judicial para que el Juez establezca un sistema de visitas y comunicación entre abuelos-nietos.

También se puede de dar el caso de que fallezca uno de los progenitores y a partir de entonces el otro progenitor impida o dificulte que los abuelos puedan seguir viviendo a sus nietos. En este caso también la ley ampara a los abuelos a poder solicitar el correspondiente régimen de relación con sus nietos para no perder el contacto.

Porque se ha de tener en cuenta que solo puede privarse a los abuelos de ver a sus nietos si existe una justa causa, y será la autoridad judicial quien determine si existe o no justa causa que impida que abuelos y nietos puedan relacionarse. No es justa causa, por ejemplo, el hecho de que los abuelos no se lleven bien con un progenitor o con ambos progenitores. En consecuencia, el régimen de estancias entre abuelos y nietos se establecerá siempre que el Juez y el Ministerio Fiscal (que es y actúa como defensor del menor) consideren que es beneficioso para el menor o para los menores su establecimiento.

Las relaciones personales entre abuelos-nietos también pueden preverse de mutuo acuerdo en el Convenio Regulador de divorcio, separación o ruptura de pareja de hecho, por lo que lo expuesto en el presente artículo va dirigido para aquellos casos en los que la relación personal entre abuelos-nietos no esté ya prevista en el Convenio Regulador o Sentencia, y/o no se lleve a la práctica la que sí se previó en el Convenio Regulador. En el caso de que uno o los dos progenitores no respeten el régimen de estancias pactado en la Sentencia que haya aprobado el Convenio Regulador, los abuelos podrán pedir al Juez la ejecución de esta sentencia para que la autoridad judicial obligue a los padres a que lo cumplan.

En conclusión, sí existe el derecho de los abuelos y nietos a tener un régimen de relación entre ellos, por lo que los abuelos privados de dicho régimen pueden acudir a un proceso judicial con el fin que se les establezca un régimen de relaciones personales con sus nietos.

Ante cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con nuestras Abogadas de Familia en Barcelona.

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